Influencers, youtubers, webcamers y fintechs son palabras que describen ocupaciones generadas por las nuevas tecnologías y que se han incorporado en las últimas dos décadas al lenguaje y a la cotidianidad de todos, pero más aún, a los sueños de muchos jóvenes en todo el mundo que consultan con sus almohadas las formas de obtener dinero y notoriedad por estas vías.
La proliferación de estos oficios constituye una nueva realidad que sobrepasa la comunicación digital y las aspiraciones de progreso o fama, para trascender al plano de las implicaciones en la economía de los países y, por ende, en el negocio financiero.
Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, destacó que el 40% de los habitantes de América Latina son jóvenes menores de 20 años, que ahora muestran mayores intereses en estas actividades propiciadas por la tecnología, tal como lo revelan las búsquedas en Google para saber cómo hacerse influencers o youtubers, dejando atrás las ocupaciones tradicionales.
Para poner en contexto, Aldana explicó que el empuje de la pandemia de COVID-19 a estos oficios fue exponencial, impactando en el crecimiento del número de suscriptores de redes sociales y otras plataformas. Esto también trajo consigo un aumento en la cantidad de las personas dedicadas a divertir, orientar, mostrar habilidades, protagonizar entretenimiento para adultos o hacer negocios por estas vías.
Precisó que solo en Brasil hay 15 millones de personas calificadas como influencers y en Colombia se estiman unas 650 mil, tomando como referencia datos de las plataformas Influencity y Statista que compartió durante el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), organizado el año pasado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
“¿Estamos preparados para bancarizar a millones de personas dedicadas a estos oficios?”, preguntó a la audiencia, para iniciar una amplia descripción de los desafíos que, en términos operativos y regulatorios, suponen estas ocupaciones para las entidades de intermediación financiera y las autoridades gubernamentales vinculadas a la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
“No estamos preparados, porque no entendemos de qué se trata”, sostuvo Aldana, al insistir en la necesidad y obligación del personal bancario de conocer a los clientes, sobre todo aquellos que son recibidos a diario por los oficiales de cumplimiento y que reportan que su actividad productiva es ser influencer, youtuber, webcamer o un negocio de fintech.
Explicó que, aún cuando el cliente sea absolutamente transparente y su actividad lícita, las entidades financieras tienen obstáculos para insertarlos al sistema y dar seguimiento, consignando las actividades que declaran; es decir, no existe un protocolo claro de las preguntas que deben hacerse, cómo comparar sus ingresos, cómo tipificarlos y otros aspectos necesarios para cumplir con la debida diligencia de estas personas.
Los influencers
Un aspecto que resalta Aldana son las diversas y múltiples fuentes de ingresos de los llamados “influencers”, cuyo monto depende de diversos factores como la red en que se desenvuelven, cantidad de seguidores, sus niveles de ‘engagement’, credibilidad o conexión con el público.
Comentó que las empresas han multiplicado sus inversiones en este tipo de marketing por su incidencia en un mundo híper conectado como el actual. De este modo, los influencers reciben dinero por promocionar productos y marcas, pero también por donaciones, giros internacionales, lo que dificulta establecer su tipo de ingresos como en otra actividad productiva tradicional.
“La actividad de influencer no puede ser condenada como ilegal, pero sí puede favorecer y facilitar en muchos sentidos delitos asociados al lavado de activos”, sostiene Aldana.
Advirtió que, con ingresos que pueden ser millonarios y un marco regulatorio que apenas comienza a entender y asumir esta realidad, se prestan para ser utilizados en testaferrato, fraude, extorsión, captación ilegal de recursos, blanqueo de capitales mediante diversas formas y otras acciones irregulares.
Observó que las regulaciones, a nivel mundial, están apenas “en pañales”. En el caso de Colombia, no existe jurisprudencia para las obligaciones que tienen los influencers en cuanto a sus contratantes y solo hay una regulación para quienes realizan sorteos o concursos a través de redes sociales.
Unos pocos países, entre los que figuran Estados Unidos y España, han establecido obligatoriedad de incluir referencia de la publicidad pagada o han emitido códigos de ética para estos fines, indicó.
“En lo que tiene que ver con administración de riesgo de lavado, es huérfana la regulación”, expuso, al no encontrar una normativa específica en el mundo que indique cómo proceder en ese aspecto, pese a que han alcanzado notoriedad expedientes judiciales que involucran determinados influencers con casos de lavado de activos en varios países del mundo.
El caso de los webcamers o modelos webcam
En el caso de los webcamers (o creadores de contenido para adultos) que se apalancan en plataformas digitales, Aldana observó que se trata de un oficio en crecimiento, a tal punto que una universidad en Medellín, Colombia, ofrece formación específica que incluye áreas como persuasión, seducción, posturas corporales y creatividad.
Especificó que esa nación suramericana es la segunda del mundo, solo precedida por Rumanía, con una cantidad que se estima entre 150,000 y 400,000 personas dedicadas a esta actividad, mayormente jóvenes. El 70 por ciento de quienes realizan este oficio son mujeres; el 20% hombres y el 10% de la comunidad LGBTI.
Destaca que, aunque este negocio mueve unos 600 millones de dólares anuales en Colombia, el sueño de salir de la pobreza no siempre es cierto, puesto que el beneficio de los modelos no supera el 30 por ciento de lo cobrado a sus clientes, luego de descontar los gastos operativos y costos de las plataformas en que se desempeñan.
Algunas de las tendencias de esta ocupación, observadas por el ejecutivo bancario, son el pago mediante criptomonedas y tokens, que son transacciones no controladas por la mayoría de las legislaciones, y el uso de plataformas no reguladas.
Plantea que la escasez de formalidad y supervisión dificulta la detección de actividades sospechosas, con la potencial ocurrencia de contratos laborales falsos, asociaciones con grupos criminales, explotación sexual de menores de edad, extorsión, trata de personas y otros delitos.
Los riesgos de negocios fintech que prometen dinero fácil
En América Latina también han aumentado las empresas fintech y se calcula que hay más de 2,000 dedicadas a actividades digitales como pagos, préstamos, captación de capital, banca, ahorro e insurtech, planteó el vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia.
Carlos Aldana expuso que en algunas modalidades de estos negocios hay riesgos asociados a fraudes, estafas, constreñimiento y extorsión, a través de empresas de crédito digital que captan clientes mediante la oferta de créditos fáciles y rápidos.
Indicó que existe facilidad de canalizar transacciones desde o para jurisdicciones consideradas de alto riesgo de lavado de dinero o financiación del terrorismo. En adición, su capacidad para transferir fondos a una alta velocidad (tanto a nivel nacional como internacional) y la ausencia o deficiencia en los sistemas de control (gobierno corporativo) son algunos de los aspectos que confieren vulnerabilidad a estos negocios.
Expuso además que se pueden prestar para la utilización de pasarelas para recaudar recursos de actividades no objetivas (juegos de suerte y azar, entre otras) y la conversión de fondos procedentes de actividades ilícitas a través de capas de transacciones.
“Lamentablemente, hemos visto personas interesadas, como seguidores de estos negocios fintech, buscando crédito fácil, sin papeles, que terminan siendo parte de una estructura criminal”, indicó.
Acompañamiento, debida diligencia y formalización
El especialista consideró que la debida diligencia siempre será la respuesta, pero en estos casos de manera particularizada e inteligente.
Expuso que es muy importante acompañar a los clientes en su bienestar financiero, pues, en ocasiones, no son conscientes de que, al tener miles de seguidores, son blanco fácil para redes de lavado de activos, ciberdelincuentes, defraudadores y otras formas de crimen organizado.
“Estos nuevos oficios son una realidad y nosotros como bancos tenemos que acompañar a aquellos que lo hacen de manera legítima y que procuran, de una buena forma, obtener ingresos”, planteó el ejecutivo bancario, quien además recordó el deber de las entidades de intermediación financiera, como sujetos obligados, de reportar las actividades sospechosas de sus clientes.
Recomendó a las personas que producen ingresos mediante las vías digitales cuidarse de aquellos que ofrecen formas fáciles de enriquecimiento o que les piden canalizar sus recursos a través de ellos.
Durante el congreso COPLAFT instó a quienes ejercen estos oficios a formalizarse, organizar su contabilidad, a fin de dar una estructura robusta a su negocio, lo cual repercute en su beneficio, facilita el acompañamiento financiero y la debida diligencia en el sector bancario.
