Las transformaciones regulatorias importantes suelen responder a una confluencia de factores: la evolución del crimen financiero, los estándares internacionales que se actualizan, los requerimientos cada vez más exigentes de los bancos corresponsales y la necesidad de preservar la conexión del país con el sistema financiero global. En ese escenario surgió la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, promulgada el 1 de junio de 2017. El próximo año cumplirá diez de vigencia.
Antes de la 155-17, el marco aplicable era la Ley 72-02, cuyo alcance se limitaba al delito de narcotráfico como única infracción precedente. Las evaluaciones de seguimiento que recibía el país daban cuenta de una brecha importante frente a los estándares internacionales, lo que hacía evidente la necesidad de una actualización integral del marco normativo.
Un cambio de lógica, no solo de artículos
La 155-17 nació con un propósito claro: alinear al país con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ampliar los delitos precedentes más allá del narcotráfico, regular al beneficiario final y expandir el universo de sujetos obligados. Pero su aporte más profundo fue conceptual. La ley elevó a rango legal el enfoque basado en riesgo y lo extendió a todo el sistema, consolidando un modelo preventivo sustentado en el conocimiento del cliente, la comprensión de su actividad, el monitoreo de su comportamiento y la capacidad de actuar ante desviaciones.
Ese fue el tránsito del checklist al enfoque basado en riesgo, y ahí reside la verdadera revolución de la norma. El enfoque basado en riesgo no supone tratar a todos los clientes de la misma forma, sino conforme a lo que cada uno representa. Concentra recursos donde el riesgo es mayor, simplifica medidas donde es menor y exige a cada sujeto obligado comprender su propio perfil de exposición. Más que una lista de tareas, es una forma de pensar el negocio.
Más que una lista de tareas, es una forma de pensar el negocio.
Una banca que ya venía caminando
Es importante precisar que el sector bancario dominicano no comenzó a trabajar en prevención con la 155-17. Desde la Ley Monetaria y Financiera 183-02, las entidades de intermediación financiera estaban obligadas a contar con manuales internos, políticas de conocimiento del cliente y sistemas orientados a coadyuvar en la prevención del lavado.
A ese marco se sumaron, con el tiempo, diversos instructivos y circulares emitidos por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos: el Instructivo para implementar el Procedimiento «Conozca su Cliente» en Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria, la Circular 014-10 sobre Requerimiento de Información de Bancos Corresponsales y Personas Expuestas Políticamente y la Circular SIB 001/17 sobre perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
A ese marco interno se sumaron los requerimientos de los bancos corresponsales internacionales, que también empujaron en la misma dirección. Mantener líneas de corresponsalía con bancos en Estados Unidos y Europa exigía niveles de cumplimiento que con frecuencia iban por delante de la regulación local. De modo que, cuando llegó la 155-17, la banca múltiple ya venía fortaleciendo sus sistemas desde hacía más de una década. La ley unificó criterios, pero el sector ya estaba caminando.
El salto estuvo en las APNFD
Donde la 155-17 sí marcó un antes y un después fue en la incorporación de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). Casinos, agentes inmobiliarios, abogados, notarios, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, casas de empeño y empresas constructoras se integraron al sistema de prevención como sujetos obligados. Para muchos de estos actores, la prevención de lavado era un tema ajeno.
Lo que en 2017 era novedad, en 2026 forma parte de la realidad del sistema. Las cifras reflejan ese avance. Según el Informe Estadístico 2025 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al cierre de ese año el país registraba 11,535 sujetos obligados inscritos en el sistema de reportería, de los cuales el 85.70% pertenece al sector no financiero y el 14.30% al financiero. Solo en 2025 se incorporaron 5,650 nuevas APNFD, lo que da cuenta de un sistema que sigue integrando actores. La conversación sobre prevención alcanza hoy a sectores donde antes era prácticamente inexistente.
La colaboración público-privada como base
Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración público-privada. Gremios como la Asociación de Bancos Múltiples, LIDAAPI y ABANCORD, junto con la UAF, la Superintendencia de Bancos, la DGII y los demás reguladores, han construido un diálogo que permite aterrizar la norma en la práctica. Las autoridades han abierto mesas de trabajo, han mostrado disposición a escuchar al sector regulado y han comprendido que un sistema robusto se construye de manera conjunta.
Ningún actor, por sí solo, tiene una visión completa del riesgo. La efectividad del sistema depende de la capacidad de integrar inteligencia estratégica con capacidad operativa en tiempo real.
Lo que viene
Como toda normativa, la 155-17 requerirá ajustes. Algunos son de naturaleza técnica, como el plazo para la remisión de los Reportes de Operaciones Sospechosas, que en la práctica puede revisarse para equilibrar la calidad del análisis con la oportunidad en la comunicación. Otros son de carácter estructural, como las inhabilidades posteriores al cese de funciones del Director de la UAF y su personal, donde el estándar internacional orienta hacia períodos de enfriamiento que hoy la ley no contempla con suficiente claridad. También habrá que mirar la incorporación de nuevos actores y riesgos al sistema, empezando por los proveedores de servicios de activos virtuales.
Dada la delicadeza e importancia de esta pieza legislativa, su modificación debe ser cuidadosa, técnica y consensuada. La 155-17 es patrimonio del sistema financiero dominicano. Toca protegerla, cuidarla y apostar a su justa, consciente y necesaria actualización cuando sea el momento. Casi diez años después, el compromiso sigue siendo el mismo que la hizo nacer: proteger, de manera conjunta, la integridad del sistema y la confianza en el país.