En el mundo financiero, la confianza se mide en cifras. Según estudios del Fondo Monetario Internacional, cuando un país entra a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las entradas de capital se reducen en torno a 7.6 puntos del PIB y la inversión extranjera directa (IED) alrededor de 3 puntos del PIB. El Banco Mundial documenta además mayores costos y fricción en pagos transfronterizos y relaciones de corresponsalía (de-risking). En la práctica, esto se traduce en obras de infraestructura que se posponen, inversionistas que se mantienen al margen, empresas que deben pagar más por mover su dinero y bancos que multiplican requisitos para transacciones internacionales.
Lista negra, lista gris
Pero, ¿qué es exactamente el GAFI, por qué sus evaluaciones pesan tanto y cómo termina un país en esa lista que, sin ser una sanción formal, provoca efectos tangibles? Es una organización intergubernamental que fija estándares para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva a través de sus 40 Recomendaciones, procurando que el dinero circule con seguridad en un sistema financiero interconectado.
El cumplimiento de las 40 Recomendaciones se verifica a través de evaluaciones mutuas realizadas por el GAFI o por organismos regionales como el GAFILAT, mediante las cuales se analizan dos planos:
- Cumplimiento técnico: si las reglas existen y están alineadas en el marco jurídico.
- Efectividad: si esas reglas se aplican y funcionan, evidenciando resultados (investigaciones, sanciones, decomisos y cooperación).
En nuestra región, GAFILAT lidera ese ejercicio y acompaña a los países en los planes de mejora.
Cuando los resultados de las evaluaciones evidencian deficiencias, el país puede entrar en una de dos listas:
- Lista negra: países con deficiencias estratégicas graves y que no han mostrado voluntad política para remediarlas. (Irán, Corea del Norte y Myanmar).
- Lista gris: países con deficiencias significativas, pero comprometidos políticamente a subsanarlas mediante un plan de acción bajo monitoreo y diálogo con el GAFI. (Argelia, Bolivia y Venezuela, entre otros).
Ninguna de las dos listas es una “sanción” en sentido jurídico, son señales de riesgo que los mercados atienden.
Reputación e inversión
El primer impacto llega por el canal reputacional. Los modelos de riesgo se recalibran y el costo del dinero sube. En algunos episodios, para un soberano esto puede traducirse en menor demanda por sus bonos o en tasas más altas para lograr colocaciones. Para bancos y grandes empresas, esto se traduce en financiamientos más cortos y caros y garantías más exigentes. El segundo impacto toca las relaciones de corresponsalía, se endurecen umbrales, se pide más evidencia, se reducen límites o, en casos extremos, se cierran relaciones. Esa fricción encarece cada eslabón del comercio exterior, cartas de crédito, cobranzas documentarias, confirmaciones y factoring internacional.
La inversión extranjera directa (IED) también se resiente. La etiqueta de “riesgo reputacional” hace que ciertos capitales se retiren o pidan garantías adicionales. No solo cae el monto, se afecta la calidad del inversionista (costo, disposición a reinvertir). En paralelo, el crédito interno se vuelve más prudente, el sector financiero asigna más recursos a cumplimiento y monitoreo, elevando costos fijos y reduciendo el apetito por segmentos sensibles. Le suma más costo, más tiempo y más incertidumbre, ralentiza el crecimiento.
La macroeconomía define el contexto; la microeconomía asume los costos. Una pyme importadora que antes pagaba a su proveedor en 48 horas ahora debe presentar contratos, facturas, sustento de origen de fondos y esperar validaciones del corresponsal. Ese retraso se traduce en más días de inventario, pérdida de descuentos por pronto pago o incumplimientos en entregas. El exportador enfrenta consultas adicionales antes de cobrar; su liquidez se estrecha. Para el consumidor, el golpe es indirecto: si el comercio exterior se encarece, los bienes importados tienden a reflejarlo en precios. En economías con alto peso de las remesas, los controles reforzados pueden derivar en demoras o tarifas mayores. Todo esto no se percibe en un día; sí en la acumulación de semanas.
Para todos los sujetos obligados, también cambia la estructura de costos del cumplimiento: invierten en sistemas, analítica y talento para sostener estándares más exigentes y atender expectativas de contrapartes internacionales. El resultado es un ecosistema que gasta más para procesar el mismo volumen de operaciones, con tiempos más largos y menor tolerancia al error.
Ser incluido en la lista gris del GAFI constituye mucho más que un llamado de atención. Aunque no conlleva sanciones automáticas, marca al país como de alto riesgo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las consecuencias se manifiestan en pérdida de reputación, reducción de la confianza de inversores, mayor carga regulatoria, mayores costos de cumplimiento y caídas significativas en los flujos de capital.
Por tanto, cumplir con las Recomendaciones no es para “salir bien en el informe”; es porque un sistema robusto genera confianza, atrae inversión y mejora el clima de negocios.
¿Y República Dominicana?
Para su evaluación mutua de 2018, la República Dominicana reforzó leyes, modernizó instituciones y mejoró la coordinación para prevenir y perseguir el delito financiero. Mirando hacia la quinta ronda de evaluaciones mutuas, el desafío no es menor, es una prueba de madurez institucional con efectos directos sobre el costo del capital, la continuidad de las corresponsalías y la competitividad de nuestras empresas.
¿Qué se exige para mantenernos fuera de la lista gris, evitar su estigmatización y sus costosos efectos, en un entorno metodológico más exigente? Voluntad política, fortalecimiento institucional, reforzamiento del marco jurídico, cooperación público-privada, sujetos obligados mejor capacitados y mayor inversión de recursos, todo esto con resultados verificables.
La buena noticia es que ya hemos avanzado, La buena noticia es que ya hemos avanzado, se concluyó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), coordinada técnicamente por la UAF[1]1 y bajo conducción del CONCLAFIT[2]2, y están en ejecución los planes de acción para cerrar las brechas identificadas.
Pero esto es un trabajo de todos. No es momento de aflojar el paso. Debemos seguir apoyando a los sectores más vulnerables, mantener los diagnósticos al día, fortalecer a las instituciones y sostener una coordinación público-privada con metas, plazos y evidencias.
En una economía abierta, la confianza es ventaja competitiva y la quinta ronda es nuestra oportunidad de reafirmarla.
