Con el foco puesto en el mercado de capitales como motor para las finanzas sostenibles, República Dominicana fue epicentro del debate regional sobre sostenibilidad financiera, durante la celebración del III Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva. El evento, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), reunió a líderes del sector financiero, representantes del Gobierno, reguladores y organismos multilaterales.
El mensaje fue contundente: la sostenibilidad ya no es solo una aspiración. Es una hoja de ruta concreta que demanda marcos técnicos sólidos, compromiso institucional y una integración transversal en los procesos de inversión. En este escenario, la experiencia dominicana se posiciona como referente emergente para América Latina.
Avances clave: la taxonomía verde dominicana
Uno de los avances más destacados es la Taxonomía Verde Dominicana, una herramienta diseñada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para clasificar y validar proyectos sostenibles. Según explicó Olga Nivar, directora de Oferta Pública del organismo, su implementación ha comenzado a generar resultados tangibles, como la estructuración de una oferta pública verde por parte del Banco Popular Dominicano, alineada a esta clasificación.
Pero la visión dominicana va más allá del territorio local. Nivar destacó los esfuerzos del país para armonizar esta taxonomía con los criterios de la Unión Europea, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y el acompañamiento técnico de la UE. Este paso reduce barreras para inversionistas extranjeros, facilitando la verificación de proyectos y diversificando la base de capital.
“Nos permitirá atraer más inversión extranjera en proyectos verdes y consolidar al país como un referente internacional en sostenibilidad”, subrayó Nivar.
Para el sector financiero local, estos cambios también implican transformaciones internas. Francisco García, vicepresidente de Banca de Inversión del Banco Popular Dominicano, advirtió que emitir un bono sostenible no es una acción aislada. Es una declaración institucional que debe permear toda la cadena operativa: desde el diseño del producto hasta la colocación final.
“Es el oficial de crédito quien tiene que identificar y canalizar esos montos. Esto no debe ser una carga adicional, sino parte natural de la evolución bancaria”, expresó.
La mirada internacional
Desde la mirada internacional, Luis Alejandro Mejía, de BID Invest, expuso que aunque el 20 % de las emisiones en la región ya son sostenibles, el verdadero reto es conectar estos instrumentos con impactos reales en la economía. Hizo énfasis en ampliar el espectro hacia sectores como educación, infraestructura resiliente y vivienda, y sugirió explorar nuevos mecanismos como los bonos azules, dirigidos a financiar la protección de ecosistemas costeros y recursos hídricos.
“La inversión sostenible debe territorializarse. Los bancos deben conocer su exposición en sectores vulnerables y usar la sostenibilidad como herramienta para reducir riesgos y generar valor”, argumentó.
El rol articulador del Estado y alianzas para escalar soluciones
El Congreso también sirvió de plataforma para reafirmar el rol del Estado dominicano como facilitador y articulador. Ana Emilia, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, insistió en que la sostenibilidad debe mirarse como una estrategia de protección del capital natural, y no solo desde un enfoque ambientalista tradicional.
“Las finanzas deben estar al servicio del desarrollo, del equilibrio ecológico y del bienestar. Queremos que nos vean como rectores del capital natural”, dijo la funcionaria.
La viceministra presentó iniciativas como la estrategia integral de cuenca, que busca articular soluciones a problemáticas ambientales y sociales desde la montaña hasta la costa. Además, se promueven instrumentos financieros innovadores como canjes de deuda por naturaleza y créditos por biodiversidad. A su juicio, la alianza con el sector financiero es clave para escalar estas soluciones.
Ecosistema en expansión
Finalmente, Arantxa Morel, oficial de Finanzas Sostenibles del Global Green Growth Institute (GGGI), expuso cómo su organización, junto al Fondo Verde del Clima y el gobierno de Luxemburgo, ha implementado un programa de asistencia técnica en el país que ha logrado movilizar más de USD 2.1 millones en financiamiento sostenible entre 2022 y 2023. Su intervención apuntó a cerrar una brecha fundamental: que los marcos regulatorios no se queden en el papel, sino que se integren de forma real al ecosistema de inversión privada.
“Estamos fortaleciendo el ecosistema de finanzas sostenibles y acelerando el crecimiento del mercado de bonos temáticos”, señaló Morel.
El III Congreso de Banca Sostenible dejó claro que República Dominicana está dando pasos firmes hacia una economía más verde, resiliente e inclusiva. Con la creación de herramientas técnicas, el acompañamiento institucional y la voluntad política, el país no solo se suma a la agenda global, sino que empieza a definir su propio modelo de sostenibilidad financiera.
No obstante, como coincidieron varios de los panelistas, el desafío está en la implementación estructural. La sostenibilidad no debe ser vista como una tendencia ni como un esfuerzo periférico, sino como la norma. Y para lograrlo, se requiere algo más que marcos y estrategias: se necesita una transformación profunda del sistema financiero, que conecte rentabilidad con impacto, crecimiento con justicia social y desarrollo con equilibrio ambiental.
