Sin duda alguna COVID-19 se ha erigido en la mayor amenaza en décadas para las personas y empresas de todo del mundo. Esto, a su vez, lo ha logrado de forma repentina, afectando concomitantemente a nivel país y global. De ahí que la capacidad de gestionar en tiempos inciertos ha pasado a ser la principal y común tarea de las empresas en los diferentes mercados. Esta realidad ha puesto aún más sobre el tapete la cuestión del gobierno corporativo, con particular relevancia el de las entidades financieras.
Como muchas otras figuras, la noción -y por tanto el alcance- del gobierno corporativo, no es estática. En sus albores, el buen gobierno de las corporaciones se concentraba en fomentar una relación de equilibrio e igualdad entre los propietarios de las empresas. De esta forma era una herramienta aplicada esencialmente en el ámbito del ejercicio de los diferentes deberes y derechos fiduciarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gobierno corporativo fue ampliando su radio de acción, colocándose como un principio transversal de la gestión organizacional, cuyo objetivo es el logro de una administración ejercida, tomando en consideración todos los intereses que confluyen en una empresa.
Una definición de gobierno corporativo que suelo recomendar por su forma directa es la utilizada por Larcker y Tanyan (Corporate Governance Matters: a closer look at organizational choices and their consecuences (2011): “… conjunto de mecanismos de control que una sociedad/organización adopta para prevenir o disuadir una administración basada en intereses particulares que vayan en detrimento de los accionistas (shareholders) y los grupos de interés (stakeholders)”. Por tanto, el gobierno corporativo busca que la gestión tome en consideración los diferentes intereses que se ven afectados en su común operar.
Esta concepción de la doctrina no resulta muy distinta de la adoptada en el ámbito de las Entidades de Intermediación Financiera por el Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado por la Junta Monetaria en 2015: “Conjunto de principios y normas mínimas que rigen el diseño, integración e interacción entre el Consejo, la Alta Gerencia, accionistas, empleados, partes vinculadas y otros grupos de interés de las entidades de intermediación financiera que procuran gestionar los conflictos, mitigar los riesgos de gestión y lograr un adecuado fortalecimiento de su administración”. Es decir, que el gobierno corporativo no solo trata de cómo las organizaciones estructuran sus órganos internos y toman sus decisiones, sino cómo la empresa fija y gestiona los intereses y riesgos inherentes a su actividad.
Precisamente este actual alcance del gobierno corporativo es lo que lo hace una herramienta esencial en tiempos de crisis. Las entidades con mejor gobernabilidad corporativa adoptan un modelo de gestión en el que prima la visión de mediano y largo plazo, y con ello la creación de valor sostenido. Esto es determinante para la construcción de empresas resilientes a crisis coyunturales, fijando incentivos y apetitos que por sí mismos aportan sustentabilidad.
De igual manera, las entidades que desarrollan el modelo actual de buen gobierno empresarial colocan los propósitos corporativos por encima de un interés en particular, como lo es el financiero. Así, no solo es importante generar riqueza, sino que esta tenga un impacto que implique un crecimiento común de aquellos que se relacionan con la organización. De ahí que las organizaciones modernas se visualizan más como “ciudadanos corporativos” que como simples “vehículos jurídicos”. Nunca como ahora la dimensión social de la empresa había tenido tanta fuerza y relevancia.
En este marco, lo que conocemos tradicionalmente como responsabilidad social corporativa es una arista del modelo de gobierno corporativo y, para que esta tenga el impacto y la relevancia necesaria, debe formar parte de un marco integral de buen gobierno. De hecho, la mayoría de las estrategias de RSC que se agotan o no trascienden es debido a que no forman parte de un modelo de gestión integral de la empresa. De aquí se deriva que para lograr un real sistema de buena gobernabilidad se requiere de la construcción de una cultura integral al respecto.
En una encuesta que llevamos a cabo en PLEXOOV en mayo de 2020, altos ejecutivos de empresas financieras y no financieras dominicanas resaltaron que el gobierno corporativo es esencial para gestionar crisis. Que este se traduce en fortaleza interna de las organizaciones y crea las condiciones para que las corporaciones accedan con mayor facilidad y opciones a financiamiento o inversión. A su vez, los encuestados resaltaron que para las empresas es esencial conocer quiénes son sus grupos de interés (stakeholders), que los sistemas de gobernabilidad ayudan al manejo de la información interna y con el mercado, así como que incide para que las organizaciones avancen en modelos de gestión de crisis y administración remota.
Finalmente, esta evaluación demostró que las empresas reconocen que un mal modelo de gobierno corporativo puede llevar a la burocracia y a la lentitud de los procesos, lo cual pone el dedo sobre la herida, en el sentido de que demuestra que un buen modelo de gobierno corporativo es aquel que las empresas construyen de forma consciente, ajustado a la naturaleza y perfil del negocio.
En 2008, las estadísticas mostraron que las organizaciones con mejores niveles de gobierno corporativo estuvieron en mejor posición para navegar la crisis financiera global. En COVID-19 esto no ha sido diferente y, lamentablemente, esta no será la última convulsión de los mercados.
