ABA, ABANCORD y LIDAAPI advierten que la legislación viola principios consagrados en nuestra Constitución, afectando especialmente a quienes aspiran a obtener un techo económico, al imponer nuevas tarifas por servicios notariales que se elevan hasta 1,600%.
Los tres principales gremios del sector bancario y financiero del país elevaron hoy una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Notariado 140-15 para que la misma sea excluida del ordenamiento jurídico dominicano en virtud de que, según entienden, viola principios fundamentales de la Carta Magna.
El recurso, depositado formalmente ante el Tribunal Constitucional de la República, es sustentado por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Inc. (LIDAAPI).
Las organizaciones, representadas legalmente por los abogados Francisco Álvarez Valdez y Kharim Maluf Jorge, de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández, plantearon que la citada legislación viola los principios de razonabilidad, la seguridad jurídica, el derecho a la vivienda, a la propiedad, a la libre empresa y la libre competencia.
Las entidades hicieron especial énfasis en el esquema tarifario por servicios notariales previsto en la ley, con incrementos que alcanzan hasta el 1,600% que afectarían sensiblemente el acceso a la vivienda económica y estimularían la desbancarización de los ciudadanos, empujándolos hacia la informalidad.
Argumentaron también que a agosto de 2015, los créditos a la vivienda ascendieron a RD$134 mil millones, por lo cual, si se otorgaran préstamos por este total, y cada uno fuera de RD$2.4 millones, el valor máximo de una vivienda económica, habría que pagar honorarios notariales por RD$1,396 millones, con un aumento de unos RD$1,258 millones con relación al monto de honorarios que se pagaba a los Notarios antes de entrar en vigencia la Ley 140-15.
Manifestaron que, con esto, “se afecta el derecho a la vivienda, pues muchos dominicanos y dominicanas perderán la posibilidad de tomar financiamiento para adquirir” un techo, que es un derecho fundamental.
Los gremios subrayaron que, además de afectar directamente el acceso de las personas a la vivienda, la propiedad y los servicios financieros formales, la Ley Notarial tiene otros elementos distorsionantes que deben llamar la atención de la sociedad.
Citaron como ejemplo la disposición de que los notarios tengan, según la Ley 140-15, la facultad de interpretar los actos en que intervienen, violentado de esa manera el artículo 149 de la Constitución, que otorga esta prerrogativa a los jueces.
Asimismo, objetaron que la legislación traspase funciones de los alguaciles y de los jueces de paz a los notarios, como acciones de embargos, procesos verbales de desalojos, protestos de cheques, fijación de sellos y puesta en posesión del administrador judicial provisional. “Este traslado de funciones además encarecería notablemente estas actividades en perjuicio de los usuarios del servicio judicial”, afirmaron.