Hay quienes usan sus tarjetas de crédito como medio para pagar en los supermercados, farmacias, restaurantes y demás establecimientos comerciales. Ellas facilitan las compras y permiten no tener que andar con mucho dinero efectivo.
Pero hay quienes, muchos por cierto, que además de usar sus tarjetas para pagar las usan para financiar sus gastos. Es para estos últimos que el reglamento de tarjetas de crédito publicado ayer es más importante.
Si hiciéramos una encuesta, creemos que a la mayoría de la población le gustaría que alguna autoridad, sea el Banco Central, la Superintendencia, el Congreso o el Presidente de la República, fijara los intereses y comisiones que los bancos cobran por las tarjetas, pues piensan que les saldrían más baratos. Se llevarían una sorpresa cuando vieran que lo que sucedería sería que disminuiría su acceso al crédito, los bancos exigirían más garantías, y los montos y plazos de los préstamos disminuirían.
La libertad de contratación beneficia a todas las partes, siempre que sea equitativa. Y, para que sea equitativa, la clave de la regulación es la información y el fomento de la competencia. Se busca que los clientes sepan lo que pagan, puedan objetar cambios en las condiciones pactadas y escojan a los bancos que menos cobran por igual servicio.
El reglamento tiene ese propósito. El cliente podrá conocer la tasa efectiva de interés y las comisiones que paga y la forma de manejo de sus cuentas, y no tendrá que pagar intereses sobre intereses sino sobre el balance que debe. Más aún, el reglamento muestra el propósito del BC de que los intereses de las tarjetas estén vinculados a los de otros préstamos de consumo.
Escapa al ámbito del reglamento, pero ayudaría mucho a rebajar los cargos si disminuyera el costo de las tarjetas para los bancos, incluyendo el cobro y persecución de fraudes por vía de un sistema judicial más ágil y menos permisivo.
Artículo del Sr. Gustavo Volmar, publicado en el periódico Diario Libre, en la columna “Global y Variable”. Viernes 05 de abril de 2013.
