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- Fecha de creación 12 noviembre 2026
- Última actualización 12 noviembre 2026
Consistencia sin uniformidad: Gobernanza regional y la próxima etapa de integración financiera en el Caribe
Informe · Por Alfredo Logroño, director regional Legal y Gobierno Corporativo, Scotiabank · pp. 22–25, publicado originalmente en la décima edición de la Revista ABANCE.
Sinopsis: El Caribe ha dedicado décadas a adoptar y adaptar estándares internacionales de regulación financiera. Hoy, comienza a enfrentar un desafío diferente: construir mecanismos capaces de coordinar jurisdicciones diversas sin sacrificar supervisión, legitimidad ni confianza.
I. El Caribe ya opera como un ecosistema financiero interconectado
Durante décadas, la evolución regulatoria de los sistemas financieros de nuestra región ha estado influenciada por referentes ampliamente reconocidos. Los principios de Basilea, las directivas europeas, las prácticas de supervisión norteamericanas y las experiencias de diversos mercados latinoamericanos han contribuido significativamente al fortalecimiento institucional de nuestras jurisdicciones. Asimismo, la regulación dominicana ha evolucionado históricamente incorporando estos estándares internacionales y adaptándolos a la realidad local.
Esa referencia internacional ha sido indispensable y continuará siéndolo. Sin embargo, la creciente complejidad de las estructuras financieras regionales invita a una reflexión que merece una atención particular. Si bien seguimos observando con atención las experiencias de los principales centros financieros del mundo, quizás ha llegado el momento de preguntarnos si estamos prestando suficiente atención a las regulaciones emergentes que comienzan a formalizarse dentro del propio Caribe.
A medida que República Dominicana fortalece su relevancia dentro de los servicios financieros regionales, resulta natural que la conversación evolucione desde las oportunidades de mercado hacia las condiciones institucionales necesarias para sostener esa evolución en el largo plazo. La discusión sobre integración financiera regional ya no puede limitarse a la actividad económica que esta genera; también requiere una reflexión sobre los marcos de gobernanza, supervisión y coordinación institucional que harán posible su desarrollo sostenible.
La regulación comparada suele dirigir nuestra mirada hacia jurisdicciones con altos niveles de desarrollo financiero y sofisticación institucional. Es una práctica natural y necesaria. No obstante, la evolución institucional también exige reconocer cuándo una región comienza a generar experiencias propias capaces de enriquecer la conversación regulatoria.
El Caribe constituye uno de los entornos institucionales más diversos del hemisferio. En la región convergen distintas tradiciones jurídicas, modelos regulatorios construidos sobre realidades históricas diversas y ecosistemas financieros con diferentes niveles de sofisticación. Esta diversidad, lejos de representar una limitación, ofrece una oportunidad singular para reflexionar sobre cómo coordinar sistemas distintos sin sacrificar legitimidad ni confianza.
La experiencia internacional ofrece referencias importantes sobre supervisión consolidada, gobierno corporativo, gestión de grupos financieros y estructuras organizacionales complejas. Europa ha desarrollado mecanismos avanzados para la supervisión de conglomerados. El Reino Unido ha profundizado la discusión sobre accountability individual dentro de organizaciones complejas, mientras diversos mercados latinoamericanos continúan explorando esquemas de proporcionalidad y coordinación regulatoria.
La realidad caribeña incorpora desafíos adicionales derivados de la coexistencia de múltiples jurisdicciones, distintos marcos normativos y estructuras regionales que operan en entornos altamente interconectados.
La intensidad de esa interconexión ha quedado reflejada en distintos procesos regionales de reestructuración financiera, fortalecimiento supervisor y adopción de marcos de supervisión consolidada durante las últimas dos décadas. La evolución hacia regímenes aplicables a Sociedades Controladoras Financieras (Financial Holding Companies), el fortalecimiento de los colegios de supervisión y el desarrollo de mecanismos de coordinación regulatoria entre jurisdicciones reflejan una realidad cada vez más evidente: los riesgos, las decisiones y los efectos de determinadas estructuras financieras trascienden con frecuencia las fronteras de una sola jurisdicción.[1]
Precisamente por ello, la región ha comenzado a desarrollar respuestas institucionales que merecen una reflexión más detenida.
II. Cuando la complejidad organizacional supera las fronteras regulatorias
Diversas iniciativas regulatorias evidencian un tratamiento cada vez más sofisticado de la supervisión consolidada y la gobernanza de grupos financieros. Muestra de ello son los marcos aplicables a las Financial Holding Companies dentro de la legislación armonizada de la Eastern Caribbean Currency Union (ECCU), las directrices de supervisión consolidada promovidas por el Eastern Caribbean Central Bank (ECCB), los desarrollos normativos impulsados por el Central Bank of Barbados en materia de supervisión de conglomerados financieros y las reglas de gobierno corporativo emitidas por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).
Asimismo, los reportes del Financial Sector Assessment Program (FSAP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el trabajo coordinado del Caribbean Group of Banking Supervisors (CGBS), mediante colegios de supervisión, reflejan una preocupación creciente por la gobernanza de grupos, la coordinación regulatoria y la adecuada distribución de responsabilidades dentro de estructuras financieras complejas.
Lo relevante es que estas discusiones no reflejan deficiencias institucionales, sino que constituyen la consecuencia natural de sistemas financieros que comienzan a enfrentar niveles crecientes de complejidad organizacional.
Muchos de estos marcos regulatorios fueron concebidos bajo una lógica predominantemente doméstica, orientada a garantizar presencia efectiva, responsabilidad directa, supervisión adecuada y capacidad de intervención prudencial dentro de cada jurisdicción.
Esos objetivos continúan siendo plenamente válidos y constituyen pilares esenciales de la estabilidad financiera. Sin embargo, la creciente complejidad de ciertas estructuras financieras plantea el desafío de complementar dichas herramientas con mecanismos capaces de responder a realidades organizacionales que trascienden una única entidad o jurisdicción.
La discusión, sin embargo, ya no se limita a cómo supervisar adecuadamente una institución individual dentro de una jurisdicción. Comienza a desplazarse hacia cómo gobernar, supervisar y gestionar estructuras que operan, toman decisiones y administran riesgos a través de múltiples niveles organizacionales y jurisdiccionales.
III. Del control estructural a la equivalencia funcional
La evolución descrita no es únicamente conceptual. Algunos desarrollos regulatorios recientes evidencian que el sistema comienza a reconocer formalmente una realidad organizacional distinta. El reconocimiento de estructuras y responsabilidades que operan en niveles regionales dentro de determinados marcos de gestión de riesgos representa una señal especialmente relevante.
Esta evolución también puede observarse en disposiciones regulatorias que reconocen explícitamente la existencia de grupos financieros internacionales y permiten que sucursales y subsidiarias de bancos extranjeros se apoyen en marcos de gestión de riesgos, políticas y procedimientos establecidos por sus casas matrices, preservando al mismo tiempo la capacidad supervisora local. Bajo este enfoque, el énfasis deja de colocarse exclusivamente en la replicación estructural y se desplaza hacia la efectividad de la gobernanza, la gestión de riesgos y la capacidad de supervisión.[2]
Más allá de su dimensión técnica, este reconocimiento implica aceptar que ciertos riesgos, decisiones y mecanismos de control ya no se originan exclusivamente dentro de una entidad individual o incluso dentro de una única jurisdicción. La regulación comienza así a incorporar una visión que distingue entre niveles locales, consolidados y regionales de gestión y supervisión.
La supervisión moderna enfrenta cada vez con mayor frecuencia organizaciones que operan simultáneamente bajo marcos locales, estándares definidos a nivel de grupo y expectativas regulatorias provenientes de múltiples jurisdicciones. En este contexto, comienza a cobrar relevancia una distinción importante entre uniformidad estructural y equivalencia funcional. Más que exigir la replicación exacta de estructuras organizativas en cada jurisdicción, la evolución regulatoria parece orientarse hacia la validación de marcos que demuestren una gobernanza efectiva, una adecuada gestión de riesgos y mecanismos robustos de rendición de cuentas, independientemente de dónde se encuentre determinada función dentro del grupo.[3]
Este cambio resulta particularmente significativo porque aproxima el marco regulatorio a la realidad operativa de numerosos grupos financieros contemporáneos, donde la toma de decisiones, la gestión de riesgos y determinadas funciones de control operan simultáneamente en distintas escalas organizacionales. De manera consistente con esta visión, la regulación también reconoce la posibilidad de que entidades pertenecientes a un mismo grupo financiero cuenten con mecanismos de gestión de riesgos tanto a nivel individual como global, requiriendo además una supervisión integrada de dichos riesgos a nivel de grupo.[4]
En otras palabras, el reconocimiento del nivel regional constituye una señal de que el sistema regulatorio comienza a adaptarse a una complejidad que ya existe en la práctica.
IV. Proporcionalidad, riesgo y nuevas formas de medición
Quizás ha llegado el momento de dejar de observar la integración financiera regional exclusivamente desde la perspectiva del mercado y comenzar a examinarla también desde la perspectiva del diseño institucional.
Desde esta óptica, la proporcionalidad adquiere una dimensión diferente.
Tradicionalmente, este principio ha sido utilizado para reconocer que distintas entidades requieren distintos enfoques regulatorios según su tamaño, complejidad o perfil de riesgo. La proporcionalidad y la supervisión basada en riesgos comparten una misma lógica: reconocer que la complejidad, la materialidad y la exposición al riesgo no se distribuyen de manera uniforme dentro del sistema financiero. Precisamente por ello, los enfoques contemporáneos de supervisión han evolucionado desde modelos prescriptivos hacia esquemas capaces de asignar recursos y atención supervisora en función de los riesgos efectivamente asumidos por cada organización.[5]
Vista desde esta perspectiva, la proporcionalidad deja de ser únicamente un mecanismo para diferenciar entre entidades de distinto tamaño o perfil de riesgo. También se convierte en una herramienta para reconocer realidades organizacionales diversas, incluyendo aquellas estructuras que operan bajo modelos de grupo, funciones compartidas o esquemas regionales de gestión y supervisión.[6]
Esta reflexión también invita a revisar si determinados indicadores regulatorios continúan capturando adecuadamente la realidad económica y organizacional de estructuras cada vez más integradas. En la medida en que funciones, capacidades y mecanismos de control operan en niveles locales, consolidados y regionales, la supervisión basada en riesgos exige que los marcos de medición evolucionen para reflejar adecuadamente dicha complejidad.
No siempre existe una correspondencia perfecta entre la realidad observada a nivel local y aquella que emerge al analizar una organización desde una perspectiva consolidada o regional. Determinados indicadores pueden reflejar adecuadamente una dimensión particular de la entidad y, sin embargo, ofrecer una lectura distinta cuando se consideran las capacidades compartidas, las funciones centralizadas o los mecanismos de control implementados a nivel de grupo. Más que una contradicción, esta situación evidencia la necesidad de complementar la medición tradicional con marcos capaces de capturar de forma más integral la realidad sobre la cual se ejerce la supervisión.
Ese mismo razonamiento ha sustentado reflexiones recientes sobre diversidad institucional, regulación adaptativa y gobernanza efectiva dentro del sistema financiero dominicano. La siguiente evolución natural del concepto podría consistir en extender esa lógica al ámbito regional.
V. República Dominicana y la oportunidad institucional
Así como la diversidad institucional exige proporcionalidad regulatoria dentro de una jurisdicción, la diversidad de jurisdicciones podría requerir mecanismos de integración que reconozcan diferencias legítimas entre países sin sacrificar coherencia, supervisión ni confianza.
No se trata de promover uniformidad. Tampoco de debilitar estándares o reducir exigencias regulatorias. Se trata de desarrollar marcos capaces de generar consistencia sin exigir homogeneidad, permitiendo que estructuras cada vez más complejas operen bajo principios compartidos de gobernanza, transparencia, gestión de riesgos y rendición de cuentas.
La integración financiera regional no elimina la necesidad de supervisión local; la vuelve más sofisticada.
En una región caracterizada por la coexistencia de múltiples jurisdicciones, tradiciones jurídicas y modelos regulatorios, la verdadera integración no consiste en sustituir las responsabilidades locales por estructuras regionales, sino en desarrollar mecanismos que permitan coordinarlas de manera efectiva. La supervisión local sigue siendo un pilar de estabilidad y legitimidad; lo que cambia es el contexto dentro del cual debe ejercerse.
Ante este escenario, República Dominicana se encuentra en una posición particularmente interesante. El fortalecimiento institucional alcanzado durante las últimas décadas, junto con su creciente relevancia dentro del ecosistema financiero regional, le ofrece la oportunidad de contribuir a una conversación cada vez más necesaria sobre gobernanza regional, proporcionalidad e integración financiera.
El verdadero potencial de esa iniciativa no consiste únicamente en fortalecer su posicionamiento dentro de los servicios financieros regionales. También consiste en contribuir a la construcción de marcos capaces de articular adecuadamente la relación entre supervisión local, gobernanza consolidada y estructuras regionales. En la medida en que aumente la complejidad organizacional del sistema financiero, la capacidad de gestionar estas interacciones será tan importante como cualquier ventaja derivada del tamaño, la escala o el posicionamiento de mercado.
Porque el liderazgo institucional no se construye únicamente mediante crecimiento o escala. También se construye contribuyendo al diseño de soluciones para desafíos que otros sistemas comenzarán a enfrentar progresivamente.
VI. Una nueva etapa para la regulación comparada en el Caribe
La próxima etapa de evolución regulatoria en el Caribe probablemente no dependerá de una mayor uniformidad. Dependerá de la capacidad de construir marcos suficientemente sofisticados para coordinar diversidad, preservar supervisión y fortalecer la confianza.
Durante años hemos observado referentes regulatorios provenientes de los principales centros financieros internacionales y esa práctica seguirá siendo indispensable. Sin embargo, la madurez institucional también exige reconocer cuándo una región comienza a generar experiencias propias dignas de ser observadas.
El Caribe suele ser visto como un receptor de estándares regulatorios. No obstante, en ámbitos como la supervisión consolidada, la gobernanza regional, la coordinación multijurisdiccional y la supervisión de grupos financieros complejos, comienza a generar experiencias que también merecen ser consideradas como fuentes de aprendizaje.
Quizás la siguiente etapa no consista únicamente en seguir incorporando referentes externos, sino también en reconocer que algunas de las preguntas más relevantes sobre proporcionalidad, supervisión basada en riesgos, gobernanza e integración financiera ya están siendo discutidas dentro de la propia región.
En ese sentido, el Caribe podría estar entrando en una nueva etapa: una en la que deja de ser únicamente receptor de modelos regulatorios y comienza, gradualmente a contribuir a su evolución.
Notas
- La evolución regional hacia modelos de supervisión consolidada, regímenes aplicables a Financial Holding Companies y mecanismos de coordinación supervisora ha sido ampliamente documentada por organismos multilaterales y autoridades supervisoras del Caribe, particularmente con posterioridad a diversos procesos regionales de reestructuración financiera observados durante las últimas dos décadas. Como resultado, distintas jurisdicciones han fortalecido los marcos de supervisión a nivel de grupo, coordinación transfronteriza y gobernanza consolidada.
- Reglamento sobre Riesgo Operacional (propuesta de modificación integral). Disposiciones aplicables a sucursales y subsidiarias de bancos extranjeros que reconocen la utilización de políticas, procedimientos y documentación desarrollada por la casa matriz, preservando simultáneamente la capacidad supervisora local. Asimismo, incorporan una visión de gestión de riesgos que reconoce estructuras individuales, consolidadas y de grupo.
- Reglamento sobre Riesgo Operacional (propuesta de modificación integral). Artículo 22 ("Gestión del Riesgo para Entidades de un Grupo Financiero") y Artículo 84, Párrafo I, que reconocen la gestión del riesgo operacional a nivel individual y global y la supervisión integrada de grupos financieros.
- Basel Committee on Banking Supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision (BIS, 2024); véase también BCBS, Corporate Governance Principles for Banks (2019).
- La modificación integral al Reglamento sobre Riesgo Operacional incorpora expresamente criterios de proporcionalidad, perfil de riesgo, importancia sistémica y alineación con el Marco de Supervisión Basada en Riesgos. Asimismo, desarrolla un modelo de gestión sustentado en apetito al riesgo, tolerancia al riesgo, tres líneas de defensa y supervisión proporcional a la naturaleza y complejidad de cada entidad.
- Logroño Rodríguez, Alfredo, Más que un reto: la diversidad institucional y la evolución hacia una gobernanza efectiva; y Diversidad institucional y regulación proporcional: una reflexión necesaria para la evolución de la gobernanza bancaria dominicana.
Ilustración (p. 22): mapa con Trinidad y Tobago, Jamaica, Bahamas, Islas Caimán, Barbados, Suriname, República Dominicana y Caribe Oriental; ejes: gobernanza, supervisión, gestión de riesgo, coordinación.