Luego de una década en recesión en la que su población disminuyó en 10%, Puerto Rico decidió que había llegado el momento de declararse en quiebra, un día después de ser demandado por un conjunto de acreedores por incumplimiento en el pago de sus bonos. Bajo el inmenso peso de pasivos ascendentes a 70,000 millones de dólares, el gobierno de la isla procuró el apoyo del gobierno federal, dialogó con los inversionistas y prometió acometer reformas. Sin acceso a las disposiciones legales aplicables a las municipalidades estadounidenses, el gobierno central puertorriqueño, cuya deuda es de unos US$18,000 millones, se acogió para su declaración de bancarrota a una ley federal de rescate aprobada el año pasado. Otras deudas, entre ellas la garantizada por los impuestos sobre las ventas, la del plan de pensiones y las de agencias oficiales, podrían ser añadidas al proceso.
La protección que la quiebra provee contra las acciones legales de los acreedores dará tiempo a Puerto Rico para lograr descuentos de deuda e implementar reformas, sin tener por el momento que recortar servicios públicos. Es probable que los acreedores tengan que aceptar rebajas sustanciales en el valor de sus inversiones, lo que aliviará la situación fiscal de la isla. Esa mejoría tiene un precio, sin embargo, pues alejará a futuros inversionistas y hará más difícil el acceso a los mercados financieros.
La escasez de garantías colaterales aceptables complica la reestructuración de los compromisos, igual que sucedió durante la quiebra de la ciudad de Detroit en el 2013, la mayor bancarrota pública registrada hasta ahora en los EE.UU. y sus dependencias. En esa ocasión, la ciudad estuvo a punto de tener que vender una de sus propiedades con mayor significación emotiva, la vasta colección de obras de arte que había acumulado durante años. Se salvó de hacerlo gracias a contribuciones que recibió de empresas, fundaciones e individuos.
Artículo publicado por Gustavo Volmar, en la columna Global y Variable, en Diario Libre. Lunes 8 de mayo de 2017